- El Gobierno argentino presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto Sea Lion.
- Los cuatro requerimientos incluyen impedir la explotación, restringir el uso de información de exploración, preservar el medio marino y evitar nuevos permisos británicos.
- La presentación se concretó tras el vencimiento del ultimátum de dos semanas dado al Reino Unido el 28 de septiembre.
- El proyecto Sea Lion es operado por Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%) y prevé producción comercial en 2028.
- El antecedente de la Fragata Libertad permite estimar que una resolución podría conocerse durante noviembre.
El gobierno de Javier Milei presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal de medidas provisionales para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La presentación fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, y la secretaría de Legal y Técnica, María Ibarzabal, según informó la Oficina del Presidente.
La Argentina formuló cuatro requerimientos al organismo con sede en Hamburgo, Alemania. El primero pide impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. El segundo solicita que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos. El tercero invoca los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR para que el Reino Unido cese de impedir a la Argentina cumplir con obligaciones de protección del medio marino. El cuarto busca evitar que Londres otorgue nuevos permisos para explotar recursos naturales en la zona.
La decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres el 28 de septiembre, cuando notificó el inicio de un procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. El plazo venció el lunes 12 de octubre. El Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.
El proyecto Sea Lion se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que controla el 65 por ciento y actúa como operadora, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35 por ciento restante. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase, que contempla comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028, con perforaciones de desarrollo proyectadas para 2027.
El canciller Quirno publicó en su cuenta de X los detalles de los cuatro requerimientos y sostuvo que la estrategia impulsada por Milei para defender los recursos en la plataforma continental argentina está generando resultados concretos. Al concluir su publicación, reiteró el compromiso argentino con el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional, e invitó al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar cada pretensión y determinar si corresponde ordenar medidas provisionales y cuál será su alcance. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.
El caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012, es un antecedente del mecanismo utilizado. La Cancillería inició entonces un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal, que el 15 de diciembre de 2012 ordenó a Ghana la liberación inmediata e incondicional del buque, aproximadamente un mes después de la presentación argentina.
La posición argentina se apoya en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR respecto del medio marino y sus recursos, y el rechazo a las modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente la controversia internacional. La Resolución 2065 de 1965 reconoció la disputa y la Resolución 31/49 de 1976 llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales.
En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La primera definición del Tribunal podría conocerse durante noviembre, mientras las compañías petroleras mantienen sus planes para comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.