- Patricia Bullrich dijo que no fue informada sobre los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.
- El proyecto deroga artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y modifica la ley 24.901 que rige desde 1997.
- El Nomenclador dejaría de tener valores universales y las prestaciones se negociarían individualmente con cada cobertura.
- Diputados opositores calificaron los cambios como ilegales e inconstitucionales.
- El Senado espera el texto de Diputados para definir su postura sobre el presupuesto.
La senadora y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó este jueves que no estaba al tanto de los cambios en el sistema de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el gobierno de Javier Milei. En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora sostuvo que el tema "no salió a la luz" en las reuniones de la mesa política del oficialismo y que el texto llegó al Congreso sin previo aviso para los socios de la coalición.
"No nos enteramos, yo no miento, es la verdad", enfatizó Bullrich, quien advirtió sobre las consecuencias políticas de esa falta de coordinación. "Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones", lamentó. Además, reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo entre el oficialismo y sectores opositores para tratar la emergencia en discapacidad de una manera determinada, acuerdo que ahora quedaría en cuestión.
El proyecto de Presupuesto 2027 incluye en su Capítulo VI, artículos 36 a 41, modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los cambios más sensibles se encuentra la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y reformas a la ley 24.901, que rige las prestaciones básicas desde 1997. El Nomenclador de Prestaciones Básicas dejaría de incluir valores universales, por lo que las familias deberán negociar individualmente el costo de terapias y tratamientos con obras sociales y prepagas.
La reforma también reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, con lo cual el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no garantizaría el acceso directo a las prestaciones. Quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderían la compatibilidad con ese beneficio. Los valores de las prestaciones dejarían de actualizarse de forma automática y mensual: el Gobierno los fijaría trimestralmente según su criterio y solo recurriría al IPC del INDEC si no cumple ese ajuste en tiempo y forma.
Desde la oposición las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como "ilegales e inconstitucionales" y denunció que el proyecto busca "desmantelar" la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, señaló que las modificaciones aparecieron después de que La Libertad Avanza impulsara junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia sin revelar su contenido real. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma elimina el arancel único para todo el sistema y la actualización automática por movilidad jubilatoria.
El Senado, que actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, deberá esperar el texto que llegue desde Diputados para definir su postura. Bullrich admitió que la discusión "está bastante peliaguda". El tratamiento del Presupuesto 2027 se da en un año electoral y con la coalición gobernante mostrando fisuras en su coordinación interna.