- La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba condenó a 25 de los 27 acusados.
- El exdirector de la cárcel de Villa María recibió nueve años y seis meses de prisión.
- La red estafaba desde el pabellón 11 con celulares ingresados clandestinamente.
- Dos acusados fueron absueltos por el beneficio de la duda.
- Quedan imputados por causas conexas exintegrantes de la cúpula penitenciaria.
La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba condenó a 25 de los 27 acusados por integrar una asociación ilícita que funcionó en la cárcel de Villa María y cometió estafas telefónicas desde el pabellón 11. La banda operó durante años con celulares ingresados de manera clandestina y afectó a víctimas de Córdoba y otras provincias.
Entre los sentenciados figuran tres expenitenciarios y un expolicía. El exdirector del penal, Andrés Américo Aciar, recibió la pena más alta: nueve años y seis meses de prisión, además de una inhabilitación de 19 años para ejercer cargos públicos.
También fueron condenados el exjefe de Seguridad Edgar Ezequiel Arroyo, a ocho años y tres meses; el oficial Oscar Pablo Figueroa, a cinco años y seis meses; y el expolicía Santiago Mauricio Martín, a cinco años y seis meses por violación de secretos. El tribunal absolvió por el beneficio de la duda al exsubdirector Néstor David Gómez y al expolicía Mauricio Marcos Agüero.
El preso Sebastián Ezequiel Moyano, señalado como cabecilla de la organización, recibió seis años y diez meses de prisión. Su hijo Ulises Nicolás Moyano y su sobrina Sofía Macarena Moyano fueron condenados a cinco años y tres meses. El resto de los acusados, en su mayoría familiares, recibieron penas de entre tres y tres años y ocho meses.
Según la investigación, los internos realizaban llamadas a víctimas con supuestas ventas por Marketplace y obtenían claves de homebanking o transferencias. Colaboradores externos prestaban cuentas para recibir el dinero y lo retiraban en efectivo, mientras un expolicía avisaba sobre allanamientos.
La causa fue instruida por el fiscal Enrique Gavier y comenzó por una denuncia del propio Servicio Penitenciario de Córdoba. En el marco de la pesquisa, quedó detenida la cúpula del SPC, incluido su exjefe Juan María Bouvier, y decenas de oficiales esperan ser juzgados por presunta asociación ilícita.