- La central nuclear Embalse libera efluentes líquidos con tritio al lago, autorizados y regulados, pero activistas denuncian que superan las normativas de la OMS y de EE.UU.
- Nucleoeléctrica Argentina niega contaminación y asegura que las descargas de tritio están dentro de los límites seguros y son auditadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
- La posible privatización de la central genera dudas sobre la transparencia de los controles ambientales y la capacidad de inspección de la ARN, lo que preocupa a las asambleas locales.
- Hay vacíos técnicos y legales: las piletas de combustible tienen capacidad finita, el agua requiere monitoreo constante por radiólisis, y el combustible gastado no está clasificado legalmente como residuo radiactivo.
Las tres centrales nucleares argentinas —Atucha I, Atucha II y Embalse— comparten un mismo procedimiento desde su diseño original: cuando el combustible termina su vida útil dentro del reactor, no sale de la planta. Se traslada a piletas de agua ubicadas dentro del predio, donde permanece varios años bajo un estricto monitoreo. En el caso específico de Embalse, ubicada en la costa sur del lago que da vida y turismo al Valle de Calamuchita, este período es de aproximadamente seis años, tras lo cual el material pasa a silos de hormigón.
Hasta este punto, la explicación técnica no genera mayores sobresaltos, ya que responde a los procedimientos estándar internacionales. Sin embargo, para las miles de familias que residen en las márgenes del embalse del Río Tercero, la discusión central no pasa por estas piletas —que funcionan como un sistema cerrado dentro de la central— sino por los efluentes líquidos que la instalación libera de forma rutinaria y autorizada al cuerpo de agua.
La denuncia: tritio en el ecosistema local
El foco de la polémica tiene un rostro visible en el activismo regional: Cristian Basualdo, periodista y activo integrante del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) y de la Asamblea en Defensa del Bosque Nativo Calamuchita. Basualdo advierte desde hace tiempo que el agua y los peces del lago presentan contaminación por tritio, la forma radiactiva del hidrógeno, directamente vinculada a las operaciones y descargas de la central.
Según sostienen los denunciantes, diversos estudios independientes y análisis sobre la fauna ictícola de la cuenca del río Ctalamochita confirman la presencia de tritio en niveles que superarían holgadamente las normativas de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de organismos de los Estados Unidos. La crítica apunta, además, a un presunto hermetismo institucional y un fuerte "lobby" que invisibiliza este debate en la agenda pública y mediática de la provincia.
La postura oficial de Nucleoeléctrica
Frente a las persistentes acusaciones, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal operadora de la planta de Embalse, mantiene una postura categórica expresada en comunicados oficiales: niegan rotundamente la existencia de contaminación por radiación en el agua o en los peces, y aseguran que no hay riesgo alguno para la población, los animales ni el medio ambiente circundante.
El argumento técnico central de la empresa radica en separar las aguas: aclaran que el tritio detectado no proviene de fallas o filtraciones en las piletas de combustible gastado, sino de efluentes líquidos cuyas descargas están expresamente contempladas en el diseño de la planta, autorizadas, reguladas y auditadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear. Según NA-SA, estas emisiones operan dentro de márgenes que son estrictamente seguros para la salud humana.
El fantasma de la privatización: ¿quién auditará el lago?
A este complejo escenario ambiental se le suma una nueva capa de incertidumbre política y soberana: los crecientes debates sobre la posible privatización de Nucleoeléctrica o su apertura a capitales extranjeros, incluyendo versiones sobre el interés de corporaciones de Estados Unidos. Para la región, esta posibilidad reconfigura todo el tablero y enciende nuevas alarmas sobre el futuro ecológico del embalse.
Si la operación de la central deja de ser controlada por el Estado nacional, surge una interrogante ineludible: ¿qué garantías existirán sobre la transparencia de los controles ambientales? Las asambleas locales advierten que un traspaso a manos privadas podría blindar la información técnica bajo cláusulas de confidencialidad comercial o tratados internacionales. El temor de fondo es que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) vea limitada su capacidad de inspección, dejando a la comunidad sin herramientas reales de auditoría ciudadana y a merced de los estándares de rentabilidad de una empresa extranjera que no padece las consecuencias de vivir a orillas del lago.
Los puntos ciegos técnicos y legales
Más allá de las posturas enfrentadas de las partes, existen factores que complejizan el panorama y suelen omitirse en la discusión pública de todos los días:
- Capacidad finita de almacenamiento: las piletas no son depósitos inagotables. Tienen una fecha de caducidad operativa (límite de volumen) que requiere planificación e inversiones constantes en infraestructura para el traslado del material a sistemas de almacenamiento en seco.
- Mantenimiento activo y constante: el agua de enfriamiento sufre radiólisis (la descomposición de moléculas por la radiación residual), generando acumulación de hidrógeno. Esto exige monitoreo y ventilación ininterrumpida de las salas para evitar riesgos de explosión. No es un sistema meramente "pasivo".
- Vacío en la normativa: en la legislación argentina, el combustible gastado de estas centrales no está clasificado legalmente como "residuo radiactivo", un gris regulatorio fuertemente cuestionado por los sectores ambientalistas y asambleas locales.
El balance: ¿quién controla el control?
Al analizar los argumentos, se evidencia que ninguna de las dos partes expone falsedades desde su propio marco de referencia. Por un lado, Nucleoeléctrica opera siendo auditada y dentro de los límites regulatorios vigentes, y no existen informes concluyentes de organismos internacionales de salud que avalen una crisis sanitaria aguda inminente en la zona. Por el otro, el reclamo vecinal y ambientalista se apoya en un hecho innegable e incómodo: la existencia de descargas radiactivas reales y autorizadas en el patio trasero de la comunidad.
El fondo de la discusión en Calamuchita no se resume de manera binaria en si "hay o no hay" contaminación. La pregunta que prevalece, y que resuena en las localidades ribereñas, es si los niveles de descarga permitidos por las autoridades son genuinamente inocuos a largo plazo para un ecosistema cerrado como el nuestro, y si la calidad del monitoreo independiente es suficiente. Hoy, con la sombra de una eventual privatización acechando, ese debate cobra una urgencia sin precedentes: los vecinos necesitan saber no solo qué sale de la central, sino quién tendrá el poder real de abrir y cerrar la canilla en el futuro.