- El Gobierno abrió un concurso para ceder a consorcios privados el control de Fabricaciones Militares por 35 años, e incluye la planta de Río Tercero en dos renglones.
- El plazo para presentar ofertas vence el 3 de noviembre de 2026 y los sobres económicos se abren el 4 de noviembre.
- El Ministerio de Defensa modificó las reglas, reduciendo los pisos patrimoniales exigidos a los oferentes y permitiendo que se anoten por subcategorías específicas.
- El contrato modelo establece que el operador privado determina exclusivamente horas de trabajo, turnos y condiciones, mientras el Estado sigue pagando los sueldos.
- El Estado se compromete a no fabricar productos similares a los de la Unión Transitoria en todo el territorio nacional mientras dure el contrato hasta 2061.
El Gobierno abrió un concurso para ceder a consorcios privados el control operativo y las líneas de producción de Fabricaciones Militares por 35 años, y la planta de Río Tercero entra con dos de los cuatro renglones. El pliego lo define como la selección de socios estratégicos privados para constituir Uniones Transitorias.
El plazo para presentar ofertas vence el 3 de noviembre de 2026 y los sobres económicos se abren el 4.
En el predio de Río Tercero funcionan el Área Química, que elabora ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución para fertilizantes, y el Área Metalmecánica, dedicada a fundición, maquinarias, material rodante ferroviario, cañones y vainas. Los otros dos renglones están fuera del departamento: Explosivos, en las fábricas militares de Villa María y Azul, y Defensa, en Fray Luis Beltrán, Santa Fe. De las cuatro plantas del concurso, la de Río Tercero es la más cercana al valle.
El mecanismo elegido tiene una razón. Fabricaciones Militares quedó afuera de la lista de empresas privatizables de la Ley Bases, así que el contrato usa la figura de la Unión Transitoria para que el Estado conserve la titularidad de los galpones y la tierra. Con ese diseño el Ejecutivo no le pide autorización al Congreso: sostiene que no hay transferencia de acciones ni venta de la firma.
Lo que cambia adentro de la planta es el mando cotidiano. Los operarios seguirían siendo empleados de Fabricaciones Militares S.A.U. y el Estado seguiría pagando sueldos y cargas sociales, mientras las órdenes de trabajo pasan a la dirección de la empresa privada. El artículo 9.8 del contrato modelo establece que "horas de trabajo, turnos y demás condiciones serán determinadas exclusivamente por el OPERADOR", y agrega que la firma pública no puede sumar otras personas a las operaciones conjuntas sin acuerdo del privado.
La Asociación de Trabajadores del Estado presentó un informe técnico en contra. El gremio califica el esquema como "una figura jurídicamente aberrante", porque quien organiza el trabajo, fija los horarios y define los turnos no es el empleador que paga, y sostiene que eso choca con la Ley de Contrato de Trabajo.
A mitad del proceso, el Ministerio de Defensa cambió las reglas de entrada. La Circular Modificatoria N° 02 prorrogó el calendario y fragmentó los pisos patrimoniales que se les exigían a los oferentes. Para el Área de Explosivos se pedía un respaldo de 70 millones de dólares y para el Área de Defensa, 40 millones. Con la nueva redacción, una empresa puede anotarse solo por la subcategoría "Químicos" con 25 millones, o presentarse por chalecos antibalas en la planta de Santa Fe con 5 millones.
Ese es el punto que ATE llama "cherry picking": un operador se queda con la línea rentable, como la munición de alto calibre para exportación, y le deja al Estado las deficitarias, sin obligación de integralidad.
El pliego suma tres condiciones más. El artículo 12.2 excluye como oferentes a quienes figuren en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El canon que los privados le pagan al país se actualiza por el Producer Price Index, el índice de inflación mayorista del Departamento de Trabajo norteamericano. Y si una administración futura rescinde el contrato antes de tiempo, debe pagarle al privado la inversión no amortizada más una penalidad del 10%.
Queda el artículo 36. Al firmar, el Estado argentino se compromete a no fabricar, diseñar, desarrollar ni comercializar por su cuenta productos similares o idénticos a los de la Unión Transitoria, en todo el territorio nacional. Fabricaciones Militares se creó en 1941, bajo la presidencia de Roberto M. Ortiz, con estructura autárquica y con el objetivo de asegurar el autoabastecimiento de insumos estratégicos.
La apertura de sobres está fijada para el 4 de noviembre. El plazo del contrato se proyecta hasta 2061