- Empresas que aportaron aviones hidrantes y helicópteros reclaman pagos pendientes desde enero por servicios prestados durante los incendios en la Patagonia.
- El Gobierno nacional no publicó una respuesta oficial con el monto total reclamado ni un cronograma de pago.
- En julio, Economía creó un régimen para regularizar deudas con contratistas de Obras Públicas y Transporte, con un límite superior a $221.119 millones.
- El conflicto pone en discusión la diferencia entre resultado fiscal y deuda con proveedores del Estado.
Empresas contratadas por el Estado nacional para combatir los incendios forestales en la Patagonia reclaman pagos pendientes por servicios prestados desde enero, según informó Confidencial. Los proveedores aportaron aviones hidrantes y helicópteros durante la emergencia que afectó a la región a comienzos de 2026.
El conflicto se produce en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei sostiene el equilibrio fiscal como uno de sus principales activos políticos. El reclamo de los contratistas pone en discusión qué obligaciones fueron efectivamente canceladas y cuáles permanecen pendientes dentro del Estado.
En diciembre de 2025, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó la contratación de 20 medios aéreos distribuidos entre la Patagonia y otras regiones. El 14 de enero, el Ministerio de Seguridad reportó 359 brigadistas y 17 medios aéreos operando, de los cuales 14 eran gestionados por la AFE y tres aportados por Defensa. A comienzos de febrero, el operativo en la zona de Los Alerces involucró a 624 personas, además de aviones hidrantes AT-802, una aeronave anfibia y helicópteros con helibalde.
Hasta el momento no se publicó una respuesta oficial que detalle el monto total reclamado ni un cronograma de pago. La diferencia entre resultado fiscal y deuda con proveedores es relevante: alcanzar superávit en un período no implica que todas las obligaciones comerciales del Estado estén canceladas, ya que las contrataciones públicas atraviesan circuitos de certificación y pago que pueden acumular atrasos.
Existe un antecedente reciente. En julio, el Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública para atender deudas con contratistas de las secretarías de Obras Públicas y Transporte. Al justificar el mecanismo, el Gobierno reconoció la existencia de obligaciones pendientes de cancelación e indisponibilidad de créditos presupuestarios para afrontar la totalidad de las deudas relevadas. También habilitó que contratistas aceptaran títulos públicos con un límite global superior a $221.119 millones.
El reclamo de los proveedores de medios aéreos desplaza la discusión desde las hectáreas quemadas hacia las cuentas que quedaron después del fuego. Con una nueva temporada de riesgo acercándose, el Gobierno deberá explicar qué volumen de obligaciones mantiene pendiente con quienes ya prestaron servicios al Estado.