- En los primeros cuatro meses de la reforma laboral se perdieron 36.000 puestos de trabajo formales y desaparecieron 6.905 empresas con personal registrado.
- La informalidad alcanza al 45% de los ocupados.
- El empleo privado registrado acumulaba 13 meses consecutivos de caída.
- En julio de 2026 Argentina contaba con 480.067 empleadores de unidades productivas con trabajadores declarados.
- La reforma no consiguió revertir la tendencia negativa que atravesaba el empleo privado.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar sus primeros resultados y, al menos por ahora, los números están lejos de las promesas oficiales. Durante los primeros cuatro meses de aplicación de la nueva legislación se perdieron 36.000 puestos de trabajo formales y desaparecieron 6.905 empresas con personal registrado en todo el país.
Las cifras surgen de la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral, un relevamiento elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), Futuros Mejores, el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín y otras organizaciones académicas y sociales. El informe, presentado el 1 de octubre, analiza la evolución del mercado laboral desde la implementación de la Ley de Modernización Laboral 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026.
La iniciativa había sido defendida por el oficialismo como una herramienta para reducir los costos de contratación, disminuir los conflictos judiciales y estimular la creación de empleo privado. Sin embargo, los primeros indicadores muestran un escenario opuesto al anunciado: menos trabajadores registrados, menos empleadores y una informalidad laboral que alcanza al 45% de los ocupados.
El deterioro tampoco comenzó con la nueva ley. Según el relevamiento, el empleo privado registrado acumulaba 13 meses consecutivos de caída y, desde noviembre de 2023, se habían perdido 241.200 puestos de trabajo. La reducción alcanzó incluso a actividades que mostraron crecimiento económico, como la minería, el petróleo y la intermediación financiera.
Los datos oficiales también exponen la magnitud del problema. De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en julio de 2026 Argentina contaba con 480.067 empleadores de unidades productivas con trabajadores declarados, después de registrar una disminución neta de 948 durante ese mes.
En los primeros siete meses del año, el sistema perdió 9.682 empleadores, una contracción cercana al 2%. Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, antes de la llegada de Milei a la Presidencia, la reducción alcanza las 32.290 empresas con personal registrado, equivalente al 6,3% del universo existente entonces.
Esto no significa necesariamente que todas las empresas hayan cerrado definitivamente, ya que la estadística registra empleadores que dejaron de figurar con trabajadores declarados. Sin embargo, constituye un indicador concreto del achicamiento de la estructura empresarial que genera empleo formal.
El contraste con el discurso oficial resulta significativo. La reforma fue presentada como una respuesta a los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino, bajo el argumento de que flexibilizar las condiciones laborales permitiría incentivar nuevas contrataciones. Cuatro meses después, las estadísticas no ofrecen evidencia de una recuperación del empleo registrado.
El informe también advierte sobre el deterioro del poder adquisitivo de los salarios privados y cuestiona que una legislación orientada a facilitar la contratación esté acompañada, en sus primeros meses, por una reducción simultánea de puestos de trabajo y empleadores.
De todos modos, la coincidencia temporal entre la aplicación de la reforma y la pérdida de empleos no demuestra por sí sola que la ley haya provocado esas bajas. La evolución del mercado laboral también está condicionada por la caída del consumo, los costos de producción, las dificultades de financiamiento y el comportamiento de la actividad económica.
Lo que sí muestran las cifras es que, hasta el período analizado, la reforma no consiguió revertir la tendencia negativa que atravesaba el empleo privado.
Para los autores del monitoreo, los resultados ponen en discusión uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la modificación de las relaciones laborales. Mientras el Ejecutivo sostiene que la reducción de las regulaciones permitirá generar nuevas oportunidades de trabajo, los indicadores disponibles muestran que la destrucción de empleo formal y la disminución de empleadores continúan.
La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo necesitará la reforma para mostrar los beneficios prometidos y cuántos puestos de trabajo más podría perder la economía argentina mientras tanto. Por ahora, la modernización laboral no se tradujo en más empleo registrado, sino que coincidió con la continuidad de una tendencia que lleva más de dos años golpeando a trabajadores y empresas.