- Un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad cobraba aproximadamente $332.000 brutos mensuales en abril de 2026, con una pérdida del 34,2% de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.
- Más del 60% de los docentes percibía menos de $500.000 mensuales, según el Consejo Interuniversitario Nacional.
- La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA registró 438 renuncias de docentes e investigadores entre diciembre de 2023 y abril de 2026, y en Ingeniería se contabilizaron otras 342.
- La Federación Argentina de Gremios Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional había registrado 850 licencias y renuncias hasta junio de 2025 y estimaba que en mayo de 2026 la cifra ya superaba las mil.
- En junio de 2026, el Gobierno nacional acordó una actualización de la masa salarial del 24,33% entre junio y octubre, pero el Consejo Interuniversitario Nacional reconoció que no solucionaba el problema estructural y mantuvo su reclamo por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.
La universidad pública argentina enfrenta un problema que va mucho más allá de los presupuestos, las partidas para mantenimiento o las discusiones entre el Gobierno nacional y los rectores. El verdadero riesgo es que las universidades sigan abiertas, pero cada vez tengan menos docentes dispuestos a trabajar por los salarios que reciben.
El deterioro salarial acumulado durante la gestión de Javier Milei está provocando una salida de profesionales altamente capacitados. Algunos encuentran mejores oportunidades en el sector privado, otros emigran y muchos deben multiplicar sus trabajos para llegar a fin de mes.
El resultado es una amenaza directa a la continuidad y la calidad de la enseñanza universitaria.
Enseñar en la universidad ya no alcanza para vivir
Según datos de CONADU publicados por Chequeado, en abril de 2026 un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad cobraba aproximadamente $332.000 brutos mensuales. Ese salario había perdido un 34,2% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.
Aunque los cargos de dedicación simple no representan una jornada completa, el problema se extiende al conjunto de la estructura universitaria.
El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que más del 60% de los docentes percibía menos de $500.000 mensuales, según declaraciones de su presidente recogidas en abril.
Para muchos profesionales, especialmente aquellos que también pueden ejercer en empresas privadas, la docencia universitaria dejó de ser una alternativa económicamente sostenible.
Las renuncias ya no son una advertencia
La pérdida de profesores dejó de ser una posibilidad futura para convertirse en un fenómeno documentado.
En la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales registró 438 renuncias de docentes e investigadores entre diciembre de 2023 y abril de 2026. En Ingeniería se contabilizaron otras 342.
La situación también alcanza al interior del país. La Federación Argentina de Gremios Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional había registrado 850 licencias y renuncias hasta junio de 2025 y estimaba en mayo de 2026 que la cifra ya superaba las mil.
Detrás de cada salida puede haber años de formación, especializaciones, investigaciones y experiencia docente que no se reemplazan de un día para el otro.
El edificio puede estar abierto y la educación, debilitada
El desfinanciamiento universitario tiene una particularidad: sus consecuencias no siempre se ven inmediatamente.
Una universidad puede mantener sus puertas abiertas, conservar sus aulas y continuar inscribiendo estudiantes. Pero si pierde profesores, investigadores y equipos de trabajo, su capacidad de enseñar se deteriora progresivamente.
Menos docentes significa mayor presión sobre quienes permanecen, dificultades para sostener materias, menor disponibilidad para acompañar estudiantes y menos tiempo destinado a investigar.
No hace falta cerrar una universidad para comprometer su funcionamiento. También puede debilitarse hasta el punto de que sostener una educación de calidad resulte cada vez más difícil.
Una recomposición que todavía no resuelve la crisis
En junio de 2026, el Gobierno nacional reabrió la negociación paritaria y acordó una actualización de la masa salarial del 24,33%, distribuida entre junio y octubre.
También se anunciaron incrementos para gastos de funcionamiento, becas y hospitales universitarios.
Sin embargo, el propio Consejo Interuniversitario Nacional reconoció que esas medidas, aunque importantes, no solucionaban el problema estructural y mantuvo su reclamo por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.
La discusión, entonces, no terminó con la reapertura de las paritarias. El desafío sigue siendo recuperar salarios, sostener los equipos docentes y evitar que continúe la salida de profesionales.
El costo que pagarán los estudiantes
La universidad pública argentina ha sido históricamente una herramienta de movilidad social y formación profesional. Su capacidad para recibir estudiantes de diferentes condiciones económicas depende también de contar con docentes preparados y condiciones de trabajo que permitan retenerlos.
El impacto de perder profesores no se mide solamente en salarios o estadísticas presupuestarias. También se mide en materias que pueden dejar de ofrecerse, investigaciones interrumpidas y oportunidades educativas que se reducen.
La pregunta que empieza a instalarse es tan sencilla como preocupante: ¿de qué sirve garantizar que la universidad permanezca abierta si no se garantiza que sus docentes puedan seguir enseñando?
Porque una universidad no es solamente un edificio, un presupuesto o una inscripción gratuita. Es, fundamentalmente, la comunidad de personas que hace posible enseñar, aprender e investigar.