Lo esencialSÍNTESIS CON IA
  • Llaryora rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027 impulsado por Milei.
  • Pidió a diputados y senadores nacionales por Córdoba que no avalen las modificaciones.
  • Advirtió que la retirada del Estado nacional podría provocar un colapso prestacional.
  • La Provincia trabaja con casi 350 organizaciones y gobiernos locales en la red de discapacidad.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó los recortes en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el gobierno de Javier Milei y pidió a los legisladores nacionales que no los acompañen. Lo hizo a través de un mensaje publicado en X, donde fijó la postura de la provincia.

“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional que afecte estos derechos”, expresó el mandatario provincial. Agregó que las políticas para personas con discapacidad deben garantizar prestaciones, traslados y terapias, y sostuvo que no se trata de beneficencia ni caridad.

Llaryora advirtió que esos servicios no pueden depender “de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”. Además, pidió a los diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general que no permitan que el ajuste sea aprobado, al considerar que las personas afectadas lo viven como un acto de crueldad.

El gobernador señaló que la Provincia continuará trabajando junto a casi 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de discapacidad. No obstante, advirtió que el esfuerzo conjunto no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades y que esa situación pone a Córdoba “a las puertas de un colapso prestacional”.

El pronunciamiento se conoció después de otras críticas del Gobierno provincial. Días atrás, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, también había cuestionado las modificaciones previstas y reclamado al Ejecutivo nacional que mantenga su responsabilidad sobre las políticas de discapacidad.