- Álvaro Juan Aparicio Díaz fue condenado a 18 años de prisión y su esposa Carolina Laura Cannes a 9 años por la Justicia Federal de Córdoba.
- El tribunal fijó indemnizaciones por $806 millones para reparar económicamente a las víctimas.
- Aparicio Díaz se presentaba como «Sahú Ari Merek» y ofrecía supuestos conocimientos para sanar enfermedades y resolver problemas personales.
- Durante la pandemia convocó a seguidores al campo de Pozos Azules, en Traslasierra, donde realizaban trabajos sin remuneración y con restricciones alimentarias.
- Once personas que habían integrado la comunidad se presentaron como querellantes durante el debate.
La Justicia Federal de Córdoba condenó este viernes a Álvaro Juan Aparicio Díaz, señalado como líder de la organización conocida como los «sanadores egipcios», a 18 años de prisión. Su esposa, Carolina Laura Cannes, recibió una pena de 9 años. Ambos fueron juzgados por una serie de delitos vinculados con la captación y explotación de personas, abusos sexuales y maniobras económicas.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, que llevó adelante el juicio contra la pareja por el funcionamiento de la Fundación Académica Sêshen, una organización que tenía uno de sus principales centros de actividad en el Valle de Traslasierra, en el paraje Pozos Azules, cerca de Villa Cura Brochero.
Además de las condenas, el tribunal estableció indemnizaciones por un total de $806 millones para reparar económicamente a las víctimas. Durante el debate, once personas que habían integrado la comunidad se presentaron como querellantes.
Promesas de curación y sometimiento
Aparicio Díaz se presentaba ante sus seguidores como «Sahú Ari Merek» y aseguraba ser un maestro de las artes curativas del Antiguo Egipto. A través de cursos, tratamientos, sesiones terapéuticas y viajes de formación, ofrecía supuestos conocimientos para sanar enfermedades y resolver problemas personales.
Según la investigación, aprovechaba situaciones de vulnerabilidad emocional para captar personas y establecer progresivamente mecanismos de control sobre sus vidas. Entre otras promesas, aseguraba que podía curar enfermedades como el cáncer y hasta recomponer parejas separadas.
Las víctimas entregaban importantes sumas de dinero para acceder a sus servicios. Algunas llegaron a vender pertenencias para financiar los tratamientos, los cursos y las actividades de la organización. También se documentó el progresivo alejamiento de familiares, parejas y amistades.
La estructura incluía cursos vinculados con la cultura egipcia, supuestas formaciones en medicina tradicional y psicología, y actividades que se presentaban como parte de un camino de desarrollo espiritual.
El aislamiento en un campo de Traslasierra
Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió durante la pandemia de Covid-19, cuando Aparicio Díaz convocó a un grupo de seguidores a trasladarse al campo de Pozos Azules, en San Lorenzo, cerca de Villa Cura Brochero.
Les decía que allí estarían protegidos frente al supuesto fin del mundo que se aproximaba. A ese grupo lo identificaba como el «círculo de oro» o sus elegidos.
De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, quienes vivían en el predio debían realizar extensas jornadas de trabajo, que incluían tareas de desmonte, agricultura y construcción, sin recibir remuneración. También se denunciaron restricciones alimentarias y condiciones de vida extremas: algunos pasaban días sin alimentarse adecuadamente y consumían productos vencidos.
Los peritajes psicológicos incorporados al expediente describieron el funcionamiento de la Fundación Sêshen como propio de grupos de manipulación psicológica. Los especialistas utilizaron el concepto de «persuasión coercitiva» para explicar los mecanismos de captación y sometimiento de sus integrantes.
Una causa que cambió de jurisdicción
La investigación se inició en 2020 y tuvo inicialmente intervención de la Justicia provincial. En esa primera etapa, varias personas que luego fueron reconocidas como víctimas también habían sido imputadas en el expediente.
El caso pasó posteriormente al fuero federal, donde se profundizó la investigación sobre la trata de personas y la explotación laboral y económica. Nueve integrantes que habían sido detenidos inicialmente terminaron sobreseídos y fueron considerados víctimas de la organización.
El juicio oral comenzó en septiembre de 2026 en los Tribunales Federales de Córdoba. Durante el debate, la Fiscalía había solicitado 25 años de prisión para Aparicio Díaz y 15 para su esposa. Finalmente, el tribunal impuso penas inferiores, aunque igualmente elevadas: 18 y 9 años, respectivamente.
La acusación también incluyó el ejercicio ilegal de la profesión de psicología, estafas reiteradas y el acopio de municiones sin autorización, además de los delitos vinculados con la trata y los abusos sexuales.