- La administración británica de las Islas Malvinas extendió por cinco años todas las licencias vigentes para actividades hidrocarburíferas offshore.
- La decisión fue comunicada el lunes 21 de septiembre y cuenta con el pleno respaldo del Reino Unido.
- Las licencias están en etapa de exploración, por lo que la prórroga no autoriza a comenzar a producir petróleo durante los próximos cinco años.
- El Gobierno argentino sostiene que las licencias carecen de validez porque se trata de un territorio y espacios marítimos cuya soberanía reclama.
- Uno de los principales focos de la controversia es Sea Lion, un proyecto petrolero desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La administración británica de las Islas Malvinas anunció la extensión por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades hidrocarburíferas offshore, en una nueva escalada alrededor de la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes.
La decisión fue comunicada este lunes 21 de septiembre y cuenta, según el propio gobierno isleño, con el pleno respaldo del Reino Unido. Las licencias tendrán una extensión inicial de cinco años, con la posibilidad de sumar otros dos a discreción de la administración de las islas.
Pero hay una precisión importante: las licencias se encuentran actualmente en etapa de exploración, por lo que la prórroga no equivale por sí misma a una autorización para comenzar a producir petróleo durante los próximos cinco años. La continuidad está condicionada al cumplimiento satisfactorio de los programas de trabajo de las empresas, que deberán incluir nuevas tareas de evaluación y perforación de pozos de exploración.
Una decisión que choca con la posición argentina
La medida se conoce en un momento de fuerte tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El Gobierno argentino sostiene que las licencias otorgadas por las autoridades isleñas carecen de validez porque se trata de actividades desarrolladas sobre un territorio y espacios marítimos cuya soberanía reclama la Argentina.
La Cancillería viene endureciendo su posición frente a las empresas vinculadas con estas operaciones. La semana pasada informó que había enviado cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas y empresas ubicadas en 30 países y que había iniciado 60 procedimientos administrativos vinculados con actividades hidrocarburíferas que considera ilegales.
Además, el Gobierno de Javier Milei impulsó un proyecto para reforzar las sanciones contra empresas, accionistas, proveedores y otros actores que participen en actividades de explotación de recursos naturales en las áreas que Argentina considera bajo su jurisdicción. Reuters informó que la iniciativa fue presentada el 17 de septiembre.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
Uno de los principales focos de la controversia es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La compañía Navitas tiene una participación del 65% en el proyecto, mientras Rockhopper conserva el 35%. El desarrollo ya avanzó más allá de la exploración inicial y las empresas prevén alcanzar la producción, con el objetivo declarado de obtener el primer petróleo en 2028.
En paralelo, el Gobierno de las islas aprobó ahora la adquisición por parte de Navitas Petroleum Atlantic de una participación del 65% en el área de licencia PL001, operación que también quedó incorporada al anuncio de este lunes.
La propia administración isleña explicó que durante el período de extensión buscará que las compañías presenten programas de trabajo reforzados para determinar mejor el potencial hidrocarburífero de las aguas circundantes.
Londres también fijó posición
El anuncio se produce pocos días después de que el Gobierno británico publicara una nueva guía para empresas interesadas en desarrollar actividades comerciales en las Islas.
Londres sostiene que las autoridades locales tienen responsabilidad sobre la regulación de la actividad económica y respalda su derecho a desarrollar los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. También advirtió que las empresas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de Argentina deberían buscar asesoramiento jurídico independiente.