- El Reino Unido publicó una guía para respaldar a empresas que operan en las Islas Malvinas y ofrece intervenir si son presionadas en terceros países.
- El Gobierno argentino presentó denuncias penales contra empresas petroleras por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
- También se presentó una denuncia penal contra siete empresas pesqueras, en su mayoría españolas, por operar en el Atlántico Sur con licencias de las islas.
- Londres sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación en las islas y que las actividades económicas son reguladas por el Gobierno isleño.
- Compañías como SLB, Halliburton y Baker Hughes se alejaron del proyecto de Malvinas ante la presión argentina.
El Gobierno británico publicó este martes una guía destinada a empresas y particulares que realizan actividades económicas en las Islas Malvinas o que les suministran bienes y servicios. El documento busca fijar la posición de Londres frente a las medidas que viene impulsando la administración de Javier Milei contra compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
La novedad más significativa es que el Reino Unido no se limita a respaldar públicamente a las empresas: ofrece intervenir directamente cuando una compañía, una subsidiaria o un proveedor sea presionado en un tercer país por sus negocios vinculados con las islas. Así lo establece la nueva guía publicada por el Foreign, Commonwealth & Development Office y el Departamento de Negocios británico.
El documento sostiene, desde la posición británica, que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas y que Buenos Aires tampoco tiene jurisdicción sobre ellas. Londres afirma además que las actividades económicas y la explotación de recursos naturales son reguladas por el Gobierno de las islas y que respalda el desarrollo de hidrocarburos.
Para las empresas, el mensaje es concreto: si reciben comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas, el Reino Unido les recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente y ofrece poner su posición a disposición de las compañías que soliciten respaldo.
La respuesta llega después de las denuncias argentinas
El movimiento británico se produce mientras el Gobierno de Milei profundiza su ofensiva contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en la zona de Malvinas.
El 7 de septiembre, la Presidencia informó que la Cancillería presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. por su presunta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se realizan con licencias otorgadas por el Reino Unido y en violación de la legislación argentina.
Entre las compañías involucradas aparecen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos de los principales actores del proyecto petrolero Sea Lion, que apunta a desarrollar recursos hidrocarburíferos en aguas próximas a las islas.
La disputa tiene además una dimensión económica que excede al archipiélago. La estrategia argentina busca que las empresas que participen de actividades consideradas ilegales por Buenos Aires enfrenten consecuencias también en el territorio continental.
El Gobierno ya había advertido que pretende ampliar las sanciones a compañías, directivos, subsidiarias y proveedores vinculados con esas operaciones. El proyecto que prepara la administración nacional apunta además a extender el alcance de las medidas hacia otras actividades relacionadas con los recursos naturales, incluida la pesca.
Ahora también aparecen las pesqueras
La ofensiva no quedó limitada al petróleo. El lunes fue presentada una denuncia penal contra siete empresas pesqueras, en su mayoría de origen español, acusadas de operar en el Atlántico Sur con licencias otorgadas por las autoridades de las islas.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7 y acusa a las compañías de extraer recursos pesqueros sin autorización argentina. Se trata de una denuncia particular y será la Justicia la que deberá determinar si existió algún delito.
La incorporación de la actividad pesquera es relevante porque amplía el conflicto desde el desarrollo petrolero hacia otro de los recursos económicos estratégicos del Atlántico Sur.
El petróleo es el principal punto de choque
El proyecto que concentra buena parte de la tensión es Sea Lion, impulsado por Navitas y Rockhopper. La explotación todavía se encuentra en una etapa de desarrollo, pero el proyecto representa una apuesta importante para las autoridades de las islas y para las compañías involucradas. Desde Argentina, en cambio, se considera que cualquier actividad hidrocarburífera desarrollada con licencias británicas en la zona es ilegítima.
La Cancillería argentina sostiene que el país viene realizando gestiones diplomáticas y protestas contra las actividades vinculadas con los recursos naturales de las islas. También señala que durante 2024 y 2025 se realizaron presentaciones contra la declaración de impacto ambiental y las inversiones relacionadas con el proyecto Sea Lion.
El conflicto puede tener además consecuencias para empresas que operan en ambos mercados. Algunas compañías internacionales vinculadas con servicios petroleros ya se alejaron del proyecto de Malvinas ante la presión argentina. Entre ellas fueron mencionadas SLB, Halliburton y Baker Hughes.
Londres dice que las medidas argentinas no tendrán efecto fuera del país
Uno de los puntos centrales de la nueva guía británica es precisamente ese. Londres sostiene que no ve fundamento para que tribunales de otros países puedan ejercer jurisdicción sobre las medidas adoptadas por Argentina respecto de actividades desarrolladas en las islas. También afirma que medidas argentinas similares aplicadas durante años no impidieron el desarrollo de la economía de las Malvinas.
La advertencia está dirigida especialmente a las empresas que puedan recibir comunicaciones de organismos argentinos.
En términos políticos, el Reino Unido está diciendo que no piensa dejar solas a las compañías que decidan continuar haciendo negocios en las islas, mientras que la Argentina intenta utilizar sus herramientas legales y regulatorias para elevar el costo de esas operaciones.