- El Gobierno nacional inspeccionará escuelas para verificar el servicio mínimo del 75% durante el paro.
- CTERA convocó la huelga; UEPC adhirió en Córdoba.
- El Ministerio de Capital Humano advirtió con sanciones a los gremios si no se cumple la Ley 27.802.
- La esencialidad está suspendida por la justicia, pero el Ejecutivo la considera vigente.
El Gobierno nacional realizará inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, con el objetivo de controlar el cumplimiento del servicio mínimo del 75% establecido por la Ley 27.802.
La medida fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado. Los monitoreos estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En caso de detectar incumplimientos, la cartera activará los protocolos para sancionar a las entidades gremiales.
El gremio CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional docente, mejoras salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). También exige una nueva ley de financiamiento educativo y rechaza una eventual reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa.
En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) adhirió a la medida de fuerza, lo que afecta a las escuelas de Calamuchita y del resto del territorio provincial.
La aplicación de la esencialidad está bajo discusión judicial. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 dictó una medida cautelar que suspendió provisionalmente la declaración de la educación como servicio esencial, pero el Ejecutivo apeló y sostiene que el criterio sigue vigente hasta que haya una definición de fondo.
En contraste, los gremios docentes nucleados en la CGT resolvieron un plan de lucha sin interrupción de clases. Entre las medidas previstas figuran jornadas de trabajo a reglamento, actividades informativas y una movilización. Este lunes a las 14 darán una conferencia de prensa.
Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que la administración de las escuelas corresponde a cada jurisdicción, pero que el Estado nacional debe garantizar el derecho a la educación y la continuidad del servicio para los estudiantes y sus familias.