- Oscar Parrilli afirmó que Cristina Fernández de Kirchner, si queda habilitada, les gana a Macri y Milei juntos en una eventual disputa por la presidencia en 2027.
- La defensa de Cristina presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que revise la condena y suspenda la inhabilitación perpetua.
- Cristina fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, y cumple prisión domiciliaria en Constitución.
- El Comité de Derechos Humanos de la ONU no anula sentencias locales, sino que determina si el Estado violó tratados internacionales.
El exsenador neuquino Oscar Parrilli aseguró este miércoles 16 de septiembre que, si queda habilitada, Cristina Fernández de Kirchner “les gana a Macri y Milei juntos” en una eventual disputa por la presidencia en 2027. La frase, lanzada en entrevistas radiales y reproducida por varios medios, se enmarca en una ofensiva del kirchnerismo para instalar el nombre de la expresidenta como alternativa viable apenas días después de que su defensa anunciara novedades clave en su reclamo ante la ONU.
Parrilli, presidente del Instituto Patria, sostuvo que Cristina es la única capaz de llevar al peronismo a una victoria y anticipó que, si el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncia a favor, pedirán revisar la condena en la justicia argentina. “Será una adenda a la presentación ante la ONU”, adelantó, en referencia a la “nueva prueba” que los abogados incorporaron al expediente internacional.
Condena firme en Vialidad y giro hacia el derecho internacional
En diciembre de 2022, Cristina fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, por administración fraudulenta en obras públicas en Santa Cruz. La Corte Suprema confirmó aspectos centrales de esa sentencia en 2024-2025, dejando firme la inhabilitación y cerrando las vías ordinarias de revisión interna. Actualmente, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, en Buenos Aires.
Con las instancias internas prácticamente agotadas, su defensa giró hacia el derecho internacional de los derechos humanos como única vía para intentar habilitar su nombre de cara a 2027. El 29 de julio de 2026, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron una “comunicación individual” ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra), con el objetivo de que el organismo revise la condena y, sobre todo, suspenda la inhabilitación perpetua para permitirle competir electoralmente.
Los argumentos del reclamo ante la ONU
En conferencias de prensa ofrecidas el 15 y 16 de septiembre, la defensa detalló que en el proceso se vulneraron ocho garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellas:
- Juicio justo y tribunal competente, independiente e imparcial (art. 14.1).
- Presunción de inocencia y derecho a contar con tiempo y medios adecuados para preparar la defensa (art. 14.2 y 14.3).
- Derecho a no ser juzgado dos veces por lo mismo (ne bis in idem, art. 14.7): alegan que 49 de las 51 obras ya habían sido investigadas antes y terminaron en archivos o sobreseimientos.
- Derecho a un recurso efectivo y a la revisión de la condena por un tribunal superior.
- Derechos políticos (art. 25): consideran que la inhabilitación perpetua es una restricción indebida que busca impedir una eventual candidatura.
Como “nueva prueba”, la defensa incorporó al expediente internacional un informe contable surgido de la causa Cuadernos que, según afirman, muestra que las empresas viales adjudicatarias recibieron menos del 1% del fideicomiso de Vialidad, lo que contradiría la lógica de la condena. Beraldi calificó la imputación como “absolutamente falsa” y dijo que la planilla oficial de gastos demuestra que no se habría favorecido a Lázaro Báez como sostuvo la sentencia. Este material fue presentado como adenda a la comunicación ante la ONU y también será usado en un recurso de revisión interno.
Qué puede (y qué no puede) hacer la ONU
El Comité de Derechos Humanos no es un tribunal de apelación: no “anula” sentencias locales, sino que determina si el Estado violó tratados internacionales. Si el Comité emite una opinión favorable o una medida cautelar pidiendo suspender la inhabilitación, eso le daría a la defensa un argumento jurídico fuerte para pedir a la justicia argentina que revise los efectos políticos de la condena.
Sin embargo, en Argentina existe doctrina de la Corte que rechaza que organismos internacionales funcionen como “cuarta instancia” para revocar fallos firmes. Por eso, fuentes judiciales advierten que un pronunciamiento del Comité no tiene validez automática en el fuero doméstico. En paralelo, la defensa también pidió al Comité suspender la inhabilitación perpetua, mejorar las condiciones de la prisión domiciliaria y cuestionar la composición actual de la Corte Suprema en relación con su caso. Según los abogados, esperan una audiencia o definición del Comité en la segunda quincena de octubre.
La hipótesis “Cristina habilitada”: por qué podría presentarse a elecciones
La lógica que maneja el kirchnerismo es la siguiente:
- Condena firme en Argentina = inhabilitación perpetua → no puede ser candidata.
- Si la ONU dice que hubo violación de derechos políticos (art. 25 del Pacto) y recomienda levantar o suspender la inhabilitación, la defensa usará eso para pedir un recurso de revisión o incidente de ejecución de sentencia en la justicia argentina, argumentando que mantener la proscripción contradice tratados con jerarquía constitucional.
- Si lograran que un juez suspenda la inhabilitación o la declare inaplicable en lo electoral, Cristina quedaría habilitada de facto para inscribir su candidatura en 2027.
En términos prácticos: no es que la ONU la “libere” directamente, sino que un fallo favorable le daría el sustento jurídico para exigir en Argentina que se le permita competir.
El relato político: instalar a Cristina como “la que gana”
En ese marco, las declaraciones de Parrilli buscan:
- Instalar la idea de viabilidad electoral: que Cristina, si queda habilitada, es la única que puede ganarle a una fórmula Macri–Milei o a cualquier combinación del espacio de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.
- Presionar al peronismo para que la tenga en cuenta en la interna de 2027, en medio de la disputa por el liderazgo opositor.
- Legitimar la estrategia internacional: presentar el reclamo ante la ONU no solo como una batalla jurídica, sino como un paso necesario para “devolver” una opción electoral que, según este relato, sería la más competitiva.
Parrilli fue explícito: cuestionó el proceso judicial como lawfare y dijo que se vulneraron normas constitucionales y de derecho internacional, por lo que, si el Comité de la ONU se pronuncia a favor, pedirán revisar la condena.
Escenario 2027: qué está en juego
- Para el kirchnerismo, habilitar a Cristina es la forma de reordenar el campo opositor y evitar una fragmentación que favorezca al oficialismo.
- Para el resto del peronismo, la pregunta es si conviene una candidatura que mobiliza mucho pero también polariza, o si es preferible buscar un nombre menos condenatorio en términos judiciales y electorales.
- Para la justicia argentina, el dilema es cómo responder a un eventual pronunciamiento del Comité de la ONU sin abrir un precedente que debilite la autoridad de la cosa juzgada, pero tampoco quedar en contradicción con tratados de derechos humanos.
Mientras los abogados de Cristina esperan una definición internacional en octubre, el mensaje de Parrilli deja planteada la hipótesis que dominará la interna opositora: una Cristina “liberada” por la vía internacional como candidata única del peronismo frente a Macri, Milei o cualquier combinación del espacio liberal-conservador.
