- La Cámara de Diputados no pudo abrir la sesión para rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei porque la oposición reunió 121 legisladores y necesitaba 129.
- El DNU que sostiene buena parte del programa de desregulación del Gobierno seguirá vigente.
- La sesión también incluía iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
- La Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales y luego suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 y restableció los límites de la Ley de Tierras.
- El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024, pero faltaba que Diputados se pronunciara para que pudiera quedar sin efecto.
La Cámara de Diputados no pudo abrir este jueves la sesión para rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei. La oposición reunió a 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate, y el decreto que sostiene buena parte del programa de desregulación del Gobierno seguirá vigente. La sesión también incluía iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
El resultado llegó después de una disputa judicial que alteró los planes de la Casa Rosada. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales. Esa decisión dejó nuevamente vigente la derogación y eliminó, en ese momento, las restricciones nacionales a la compra de campos por extranjeros.
Pero diez días después, el máximo tribunal dio marcha atrás parcialmente. En otra causa, suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del decreto y restableció los límites de la Ley de Tierras mientras continúa el proceso judicial.
La medida fue firmada por una mayoría integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces; Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. No fue una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación, sino una medida cautelar.
Un revés judicial que no alcanzó
La marcha atrás de la Corte dio un argumento al Gobierno para sostener que la discusión sobre las tierras podía resolverse por otra vía legislativa. El oficialismo impulsó cambios al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada para reponer las restricciones, mientras Martín Menem cuestionó la convocatoria opositora y buscó trasladar el debate a una sesión posterior.
Sin embargo, la disputa excede la Ley de Tierras. La oposición pretendía rechazar el DNU completo, que modificó y derogó numerosas normas desde su entrada en vigencia en diciembre de 2023. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, pero faltaba que Diputados se pronunciara para que pudiera quedar sin efecto bajo el mecanismo legal de control de los decretos de necesidad y urgencia.
El oficialismo consiguió bloquear la sesión con el apoyo de aliados y la ausencia de legisladores de distintos bloques, incluidos representantes vinculados a gobernadores provinciales. Así, pese al revés judicial en el capítulo de tierras, Milei evitó que el Congreso debatiera el destino de una de las principales herramientas normativas de su programa económico.