- Roberto Ernesto González Fossat, abogado y exintegrante de la Policía Federal, declaró residencia en Villa del Dique y está matriculado en el Colegio de Abogados de Río Cuarto.
- El juicio Gutiérrez–Di Santo comprende 63 hechos, más de 70 víctimas y 21 acusados por delitos del terrorismo de Estado en Río Cuarto y el sur de Córdoba.
- La fiscalía le atribuye a González Fossat, como coautor, privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados contra Alberto Levi.
- El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba, integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y María Noel Costa.
El juicio por delitos de lesa humanidad que comenzó el martes 20 de octubre en Córdoba tiene una conexión con Calamuchita. Roberto Ernesto González Fossat, abogado y exintegrante de la Policía Federal Argentina, declaró residencia en Villa del Dique, según informó Al Toque Radio en su cobertura de la primera audiencia.
La crónica señala que González Fossat también confirmó ante el tribunal que está matriculado en el Colegio de Abogados de Río Cuarto. Su nombre completo figura en el padrón público de esa institución, con matrícula 2-272.
El proceso, conocido como Gutiérrez–Di Santo, aborda delitos del terrorismo de Estado cometidos en Río Cuarto y el sur provincial. Según informó la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto tras el comienzo de las audiencias, el juicio comprende 63 hechos, más de 70 víctimas y 21 acusados. Entre las personas perseguidas hubo estudiantes, docentes y trabajadores de esa universidad.
Qué se le atribuye a González Fossat
El requerimiento fiscal de elevación a juicio le atribuye, como coautor, privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados contra Alberto Levi, en el hecho identificado con el número 32.
Según el testimonio de Levi incorporado a la acusación, fue interceptado a fines de enero de 1977 por cuatro hombres vestidos de civil. Reconoció a González Fossat porque habían sido compañeros de la escuela primaria. Relató que este lo sujetó y, a punta de pistola, lo obligó a subir a un Dodge de color naranja.
La víctima fue trasladada a la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal. Allí, de acuerdo con su declaración, permaneció entre cuatro y cinco días, encapuchada y sometida a torturas por quienes la habían detenido, incluyendo a González Fossat.
La fiscalía también reconstruyó su trayectoria mediante el legajo personal: ingresó a la Delegación Río Cuarto el 1 de junio de 1976 como agente y ascendió a cabo el 31 de diciembre de 1981. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deben ser valoradas por el tribunal durante el debate.
Una causa sobre el funcionamiento de la represión
El expediente reúne investigaciones por secuestros, torturas, homicidios y violencia sexual cometidos entre 1975 y 1978. Su alcance comienza antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continúa durante la dictadura.
La acusación comprende integrantes de distintas fuerzas y dependencias. Entre ellas aparecen la Policía Federal, la Policía de Córdoba, el Departamento de Informaciones D2 y estructuras del Ejército.
Uno de los aspectos centrales es el uso de instalaciones estatales para la represión clandestina. La información oficial de Memoria Córdoba identifica como escenarios de los hechos las dependencias de la Policía Federal y de la Unidad Regional Sur en Río Cuarto, el Batallón Arsenales José María Rojas de Holmberg y la jefatura de la Subárea 3115. El expediente también alcanza hechos vinculados con el D2, la Unidad Penitenciaria N.º 1, La Perla y Campo de la Ribera.
La persecución a la comunidad universitaria
El Ministerio Público Fiscal señaló que muchas víctimas estaban vinculadas con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entre los estudiantes perseguidos había militantes de la Juventud Universitaria Peronista y del Peronismo de Base.
La fiscalía sostuvo que algunas personas fueron torturadas incluso después de quedar a disposición judicial. También advirtió que no encontró constancias de investigaciones sobre denuncias de esos tormentos realizadas ante la Justicia de la época.
La universidad tuvo además un papel en la reconstrucción de lo ocurrido. Radio UNRC informó que la revisión de sus archivos permitió aportar documentación a la causa. El municipio de Río Cuarto participa como querellante y presentó públicamente los aportes realizados al expediente a través de esa intervención.
Las víctimas detrás del expediente
Entre los casos incluidos en el requerimiento fiscal está el de Ernesto Silber y Juana Josefa Chessa, docentes universitarios secuestrados en agosto de 1976. Según la acusación, Silber murió como consecuencia de las torturas y su muerte fue presentada como un suicidio. Chessa recuperó la libertad después de ocho días de detención.
También aparece Gabriel Braunstein Maiden, militante del Partido Comunista secuestrado en junio de 1976, quien continúa desaparecido. El Ministerio Público Fiscal informó sobre indicios que podrían vincular su caso con un cuerpo hallado en Calamuchita e inhumado como N.N., pero aclaró que esa identificación no pudo establecerse con certeza.
Estos hechos integran el contexto general del expediente. La acusación individual contra González Fossat aquí reseñada corresponde al caso de Alberto Levi.
Un juicio que llega medio siglo después
El expediente fue conocido inicialmente por el apellido de Hermes Gutiérrez y pasó a denominarse Di Santo tras su fallecimiento. La cobertura de Al Toque Radio destaca que el transcurso de las décadas provocó la muerte de numerosos investigados antes de que pudiera determinarse su responsabilidad en un juicio.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba, integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y María Noel Costa. González Fossat figura entre los imputados representados por el defensor público Rodrigo Altamira. Su responsabilidad penal deberá resolverse mediante la valoración de las pruebas y los testimonios.
Para Calamuchita, la declaración de residencia en Villa del Dique aporta una dimensión cercana a un proceso que reconstruye la persecución y la violencia estatal en el sur de Córdoba.