Las universidades nacionales vuelven a verse afectadas por una medida de fuerza de 48 horas. Este jueves 27 y viernes 28 de agosto, docentes y trabajadores no docentes realizan un paro en todo el país para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La protesta alcanza a las distintas casas de estudios públicas y es acompañada por jornadas de visibilización, movilizaciones y clases públicas. En Córdoba, la medida también repercute en la actividad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Según informó Cba24n, desde la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) señalaron que ya transcurrieron más de 300 días desde la sanción de la Ley 27.795 sin que se haya aplicado de manera efectiva.

La secretaria general de Adiuc, Leticia Medina, cuestionó que el Gobierno nacional continúe sin cumplir con la normativa y señaló que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) todavía reclama fondos para gastos de funcionamiento, además de una actualización de las becas y recursos para los hospitales universitarios.

Una ley aprobada por el Congreso

El conflicto tiene como eje la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y publicada en el Boletín Oficial en octubre de ese año.

La norma establece, entre otros puntos, mecanismos de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas y dispone una recomposición de los salarios de docentes y no docentes. También establece la convocatoria a negociaciones paritarias con una periodicidad determinada y prevé actualizaciones salariales vinculadas a la inflación.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/2025, que promulgó la norma. Esa situación derivó en una disputa judicial impulsada por el sistema universitario.

En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por el Gobierno y dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de programas de asistencia estudiantil.

Un conflicto que se profundizó durante el año

La medida de este jueves y viernes forma parte de un plan de lucha que viene acumulando distintas jornadas de paro y protesta durante 2026.

La CONADU había definido previamente el paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, mientras que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó la misma medida para los trabajadores no docentes luego de que una audiencia de conciliación no lograra destrabar el conflicto.

El reclamo combina dos cuestiones centrales: la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y el financiamiento necesario para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde el sector gremial cuestionan que los aumentos otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y que, además, no existió una negociación paritaria que permitiera discutir una recomposición integral. Algunas estimaciones difundidas por los gremios ubican la pérdida salarial acumulada de los docentes universitarios desde diciembre de 2023 en torno a un tercio del poder de compra.

De esta manera, las universidades nacionales atraviesan nuevamente dos jornadas sin actividad normal, mientras el conflicto entre el Gobierno nacional, las autoridades universitarias y los gremios continúa abierto.